MODIFICACIÓN.- El hábeas corpus colectivo y correctivo iniciado en 2015 para revertir la crisis carcelaria continuará, pero con una modalidad distinta de fiscalización. En la sentencia del 6 de diciembre que rechazó el planteo del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán descentralizó el control que ejercía: repartió las tareas entre las distintas unidades judiciales y se reservó la posibilidad de revisar las decisiones que aquellas adopten. Los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán y Daniel Posse explicaron que en julio de 2019 el Gobierno había presentado un programa de trabajo consistente en la remodelación de la cárcel de Villa Urquiza y la construcción de un establecimiento nuevo en Benjamín Paz (Trancas), y que esos proyectos demandaban un seguimiento distinto.
PROTAGONISTAS.- Alicia Merched, jueza de Ejecución Penal de Concepción (foto), se hará cargo del monitoreo de las obras anunciadas por el Poder Ejecutivo mediante la conformación de una “mesa de diálogo” y con la ayuda de la Oficina de Derechos Humanos de la Corte. La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de la capital (futuro Tribunal de Impugnación) que integran Eudoro Albo y Enrique Pedicone velará por la necesaria adecuación del régimen aplicable en la provincia en materia de contravenciones, aprehensiones, detenciones, prisiones preventivas y toda medida privativa de la libertad. Los camaristas de Apelaciones tendrán que constituir una comisión e incluir en ella a un colega de Concepción. El mismo método ha de aplicar Fabián Fradejas, presidente de la Cámara Penal de la capital (foto), quien recibió el cometido de conformar y poner en marcha la Comisión provincial para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la confección de protocolos y la gestión de capacitaciones en la materia.